Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2025-006. Igualdad salarial entre mujeres y hombres

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa

MINISTRA DEL TRABAJO CONSIDERANDO:

Que el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador precisa como un deber del Estado: “(…) Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (…)”;

Que el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 7 Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. (…)”;

Que el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”;

Que el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza: “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”;

Que el literal b) del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho a: “(…) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres (…)”;

Que el artículo 70 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas (…)”;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador ordena: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.”;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que el artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la política económica tendrá, entre otros, el objetivo de impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales, así como mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo;

Que el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador estipula: “(…) La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia.”

Que el artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores;

Que el artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el salario será justo, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia, será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos;

Que el artículo 331 de la Constitución de la República del Ecuador ordena: “El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. / Se adoptará todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. / Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo”;

Que el artículo 333 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “(…) El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares (…)”;

Que el numeral 2 del artículo 334 de la Constitución de la República del Ecuador precisa que el Estado deberá: “(…) Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción (…)”;

Que el Convenio No. 100 de la Organización Internacional del Trabajo, determina obligaciones a los países miembros para alcanzar la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor;

Que mediante la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 431 de 19 de enero de 2024, se establece como

objeto: “(…) garantizar la igualdad de remuneración y cualquier otra forma de retribución económica entre hombre y mujeres en el desempeño de un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor”;

Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece a la equidad y la igualdad como principios del servicio público;

Que el literal b) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público, señala como un derecho de las servidoras y servidores públicos: “b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad (…)”;

Que el artículo 82 de la Ley Orgánica del Servicio Público prevé que la carrera del servicio público garantizará la estabilidad, ascenso y promoción de sus servidoras y servidores de conformidad con sus aptitudes, conocimientos, capacidades, competencias, experiencia, responsabilidad en el desempeño de sus funciones y requerimientos institucionales, sin discriminación;

Que el artículo 104 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece: “Los puestos serán remunerados sobre la base de un sistema que garantice el principio de que la remuneración de las servidoras o servidores sea proporcional a sus funciones, eficiencia, responsabilidades y valorará la profesionalización, capacitación y experiencia, observando el principio de que a trabajo de igual valor corresponde igual remuneración”;

Que el artículo 79 del Código de Trabajo señala que a trabajo igual corresponde igual salario, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración;

Que el artículo 80 del Código de Trabajo determina que el salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo y sueldo, la remuneración corresponde al empleado. El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables;

Que el artículo 250 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público determina: “El sistema de remuneraciones se basará en el principio de que los puestos de las y los servidores públicos serán remunerados en relación a la responsabilidad de las funciones a desarrollarse, eficiencia, profesionalización, capacitación y experiencia.

En tal virtud se garantiza un trato homogéneo y uniforme en el servicio público, respetando el principio de que a un trabajo de igual responsabilidad corresponde igual remuneración, y la determinación de la remuneración mensual unificada es establecida a través de un proceso técnico (…)”;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 12 de 23 de noviembre de 2023, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró a la abogada Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa como Ministra del Trabajo;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-082, de 11 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial Nro. 16, de 16 de junio de 2017, el Ministerio del Trabajo expidió: “La Normativa para la Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral”;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-140, de 14 de noviembre de 2023, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 447, de 29 de noviembre de 2023, el Ministerio del Trabajo expidió las “Normas Generales aplicables al control de las obligaciones del empleador y los procedimientos de inspección”;

Que en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, el Ministerio del Trabajo emite las directrices necesarias para asegurar el cumplimiento de esta ley, con el propósito de erradicar prácticas discriminatorias en el ámbito laboral. Estas directrices buscan eliminar la brecha salarial y asegurar una remuneración equitativa sin distinción de género en el ejercicio de las actividades laborales, de acuerdo con la relación de trabajo establecida; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, el literal a) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público, el artículo 539 del Código del Trabajo; el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo y, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio del Trabajo,